La lucha por una jornada laboral más corta enfrenta resistencia empresarial en el Congreso mexicano, a pesar de datos que revelan desigualdad en la distribución de ganancias
MÉXICO.- En un ambiente de tensiones, el Congreso mexicano se encuentra debatiendo la posibilidad de reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales, una iniciativa que ha sido objeto de 17 propuestas en los últimos 13 años.
La periodista Viridiana Ríos señaló en un Parlamento Abierto en la Cámara de Diputados que todas estas iniciativas han sido bloqueadas por el "cabildeo empresarial".
Ríos, autora del libro "No es normal: El juego oculto que alimenta la desigualdad mexicana y cómo cambiarlo", destacó que México lidera en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en horas laboradas al año debido a la resistencia de la iniciativa privada y el "partido del cabildeo empresarial". El 66% de los trabajadores en México actualmente labora más de 40 horas a la semana.
La investigadora reveló datos sobre la distribución de ganancias en las empresas, indicando que en promedio, los empleadores en la OCDE retienen el 31% de las ganancias, mientras que en México, acaparan el 66%, dejando solo el 34% para los trabajadores. Este desequilibrio, argumenta Ríos, es utilizado como justificación para oponerse a la reducción de la jornada laboral.
En este contexto, la diputada Susana Prieto Terrazas de Morena propuso una reforma constitucional para reducir la jornada laboral. Aunque la propuesta fue respaldada por la Comisión de Puntos Constitucionales, algunos sectores, incluida la bancada del Partido Acción Nacional, han expresado su oposición.
El representante de la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (Concamin), Álvaro Alejandro García Parga, se manifestó en contra de la reforma, argumentando que la semana ya tiene suficientes horas para el trabajo y el ocio.
El debate ha evidenciado las diferencias entre los legisladores, representantes empresariales y microempresarios, así como la falta de consenso sobre un plan de implementación, con llamados a la gradualidad por parte de algunos y la resistencia total de otros.
La activista sindical Susana Prieto concluyó la sesión acusando a los representantes empresariales de hipocresía y de ser "expertos en joder trabajadores". La resolución de esta controversia tendrá un impacto significativo en la legislación laboral y en las condiciones de trabajo en México.