Análisis de la propuesta de reducción de jornada laboral en la Cámara de Diputados y su impacto en el sector público: ¿Equidad o desigualdad?
MÉXICO.- En medio del debate sobre la propuesta de reforma constitucional para reducir la jornada laboral en México, surge una notoria disparidad: la iniciativa, que busca beneficiar a los trabajadores del sector privado, excluye a los empleados del sector público.
La pregunta que persiste es si estas reformas parciales están contribuyendo a una mayor equidad laboral o si, por el contrario, están exacerbando las disparidades entre los trabajadores del sector privado y público en México y otros países de Latinoamérica. |
En caso de aprobarse en los términos actuales, más de 5 millones de servidores públicos quedarían al margen de esta modificación, generando interrogantes sobre la equidad en las condiciones laborales.
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) proporciona datos reveladores sobre la dimensión del sector público en México, empleando a más de 5 millones de personas en diversas entidades gubernamentales.
La propuesta, presentada por la diputada Susana Prieto (Morena), plantea cambios significativos solo para el sector privado, dejando fuera de la ecuación a los trabajadores del ámbito público.
La legislación actual establece una jornada laboral máxima de ocho horas diarias y el derecho a un día de descanso por cada seis días de trabajo, tanto para el sector privado como para el público.
Sin embargo, la propuesta busca modificar únicamente el apartado referente al sector privado, disminuyendo la jornada de 48 a 40 horas semanales.
La diputada Prieto argumenta que los burócratas, empleados del sector público, históricamente han mantenido jornadas laborales de 30 o 36 horas semanales, y que esta realidad no requería modificaciones.
Sin embargo, los datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) revelan que el 21.6% de los trabajadores del sector público ya supera las 48 horas semanales.
Expertos, como el abogado laboralista Manuel Fuentes, señalan la complejidad de incorporar al sector público en la reforma, dado que implica modificar legislaciones locales que rigen las relaciones laborales de los servidores públicos.
Mientras algunos tienen jornadas cortas debido a compensaciones bajas, otros enfrentan jornadas excesivamente largas, revelando una disparidad interna en el sector público.
Este enfoque selectivo en la reforma laboral no es un caso aislado. Otras modificaciones recientes, como la regulación del teletrabajo y el aumento de días de vacaciones, también han excluido a los empleados del sector público, generando preguntas sobre la igualdad de condiciones laborales.
Comparación Internacional:
Se observa que en países como Chile y Colombia, que han implementado reducciones en la jornada laboral, las iniciativas solo afectaron al sector privado.
Aunque en Chile se plantea una futura modificación para los burócratas, en Colombia no hay indicios de cambios para el sector público.
La pregunta que persiste es si estas reformas parciales están contribuyendo a una mayor equidad laboral o si, por el contrario, están exacerbando las disparidades entre los trabajadores del sector privado y público en México y otros países de Latinoamérica.