El estado como protector: Intervención de autoridades en el proceso
MÉXICO.- En el marco legal de la pensión alimenticia para menores, se destaca el papel del Estado y las autoridades en garantizar este derecho fundamental. ¿Cuánto dinero se tiene que dar como pensión?
La justicia pronta, imparcial y segura exige el cumplimiento de requisitos, y es responsabilidad de abogados e instituciones asegurar la defensa y protección de los derechos de todas las partes involucradas, ya sea en casos de concubinos, hijos menores de edad o aquellos que hayan contraído matrimonio. |
Tanto el DIF como cualquier entidad competente tienen la responsabilidad de intervenir para proteger la pensión alimenticia de los menores, siendo este un derecho público de suma importancia.
La complejidad de determinar la cantidad justa de pensión alimenticia se presenta al considerar las circunstancias particulares de cada relación familiar. El canal Mientras tanto en Mexico, realizó un análisis al respecto. A continuación retomamos algunas ideas al respecto.
Desde los ingresos hasta la necesidad y posibilidad económica de los progenitores, la legislación civil y familiar toma en cuenta diversos elementos técnicos y jurídicos.
Aunque no existe un porcentaje fijo establecido por ley en México para la pensión alimenticia, algunas jurisprudencias y prácticas judiciales suelen considerar montos que oscilan entre el 20% y el 40% de los ingresos netos del obligado a pagar la pensión. Sin embargo, estas cifras son solo orientativas y pueden variar según las circunstancias específicas de cada caso.
Pruebas y Justicia: El Desarrollo de Controversias por Pensión Alimenticia
Contrario a la creencia común, la ley no establece un porcentaje fijo para la pensión alimenticia. Este enfoque permite al juez considerar las pruebas presentadas en el proceso, evitando una cuantificación arbitraria y asegurando que la cantidad fijada sea justa y adecuada a las necesidades reales del menor.
El Rol del Juez: Cumpliendo la Legislación Procesal y Protegiendo Derechos
La tarea del juez va más allá de simplemente fijar una cantidad mensual. En este contexto, se destaca la importancia de desahogar adecuadamente las pruebas presentadas en el proceso de pensión alimenticia.
La justicia pronta, imparcial y segura requiere el cumplimiento de ciertos requisitos, y es responsabilidad de abogados e instituciones garantizar la defensa y protección de los derechos de todas las partes involucradas.
El derecho a la pensión alimenticia para menores es un aspecto fundamental de la legislación familiar, respaldado por el Estado y las autoridades competentes. En este contexto, el DIF y otras entidades juegan un papel clave en intervenir para proteger este derecho público.
La intervención de las autoridades se realiza de oficio en todos los procesos familiares, donde se recopilan pruebas necesarias para determinar la cuantía de la pensión alimenticia.
La legislación civil y familiar aborda la fijación de la pensión alimenticia considerando tres elementos esenciales: acreditar la afiliación parental, evaluar la necesidad económica y analizar la posibilidad económica del padre o madre deudor.
Este enfoque técnico y jurídico busca garantizar una determinación justa, tomando en cuenta las circunstancias particulares de cada relación familiar.
Contrariamente a la creencia generalizada sobre la existencia de un porcentaje estipulado en la ley, se destaca que la cantidad de la pensión alimenticia no está predefinida.
La ley permite al juez evaluar las pruebas presentadas durante el proceso, evitando así cuantificaciones arbitrarias que podrían afectar negativamente al menor.
El juez desempeña un papel crucial en este proceso, y la cantidad fijada no es simplemente resultado de un porcentaje predeterminado. Más bien, se requiere el desahogo adecuado de pruebas para cumplir con la legislación procesal y proteger los derechos involucrados.
La justicia pronta, imparcial y segura exige el cumplimiento de requisitos, y es responsabilidad de abogados e instituciones asegurar la defensa y protección de los derechos de todas las partes involucradas, ya sea en casos de concubinos, hijos menores de edad o aquellos que hayan contraído matrimonio.